Se incrementan en CdMx delitos contra las mujeres

En vez de representar un espacio de protección el confinamiento se convirtió en uno de mayor peligro: Ernestina Godoy

Las agresiones físicas y psicológicas hacia mujeres y niñas son una pandemia que las autoridades y la sociedad deberán combatir juntas, coincidieron especialistas reunidas en la charla por el Día Naranja: Niñas y Mujeres en Situación de Violencia durante la Pandemia.

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de justicia de CdMx, explicó que en este tiempo se incrementaron en más de 45 por ciento las vinculaciones a proceso de personas que cometen delito contra las mujeres, respecto a lo que ocurría en 2019, con 53 personas imputadas del delito de feminicidio.

La egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM agregó que el acumulado de enero de 2019 a julio de 2021 indica que 590 personas fueron imputadas por delitos sexuales y 669 por violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres, lo que significa un aumento de más de 45 por ciento de agresores vinculados a proceso.

En lo que respecta a la detención de personas acusadas de feminicidio y delitos contra las mujeres, éstas se elevaron 121 por ciento. Se tiene 60 por ciento más de vinculaciones de personas acusadas de agresiones sexuales y 29 por ciento más casos de agresores por violencia familiar y agresiones dolosas vinculadas a proceso.

Godoy Ramos lamentó que, para muchas mujeres de esta ciudad, el país y el mundo, el confinamiento en vez de representar un espacio de protección se convirtió en uno de mayor peligro, pues las orilló a convivir en mayor medida con sus agresores.

Recordó que antes de la pandemia por Covid-19, la violencia contra las mujeres por razones de género ha constituido un grave problema de salud pública y una violación a sus derechos humanos.

Invitó a las integrantes de la comunidad universitaria (estudiantes, profesoras, investigadoras, trabajadoras) a que no duden para acercarse a la fiscalía donde, en caso de requerirlo, se les prestarán los servicios de manera profesional, cálida y con respeto a sus derechos humanos.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública en su informe sobre violencia contra las mujeres indica que en 2020 se recibieron 220 mil 28 denuncias de delitos de violencia familiar, lo que significó un incremento de 5 por ciento en comparación con 2019; también se observó un aumento de 42 por ciento respecto al año previo en las llamadas de auxilio al 911, durante los meses de marzo y abril del 2020, en las que 57.2 por ciento eran por violencia familiar.

Debilidades del sistema

Rosa María Álvarez González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que la pandemia por la Covid-19 hizo evidente una realidad que se creía estaba por ser superada, pues la violencia familiar se hizo más presente que nunca, evidenciando las debilidades de un sistema que no ha sido capaz de consolidar la protección de los miembros de la familia.

“La pandemia de la violencia familiar, al igual que la otra, va a dejar miles de víctimas en el país que difícilmente podrán recuperarse, pues volverán cabalmente a la regularidad en el resto de sus vidas, ni física ni psicológicamente, y para ayudarlas el Estado deberá destinar enormes recursos”, enfatizó.

Raúl Contreras Bustamente, director de la Facultad de Derecho, comentó que la semana pasada se incorporó la nueva generación de estudiantes de derecho, con 56 por ciento de mujeres.

Resultados médicos realizados por la Universidad revelaron que muchas de ellas llegaron con estrés y manifestaron que “han sido víctimas de violencia familiar y de acoso sexual. Así está volviendo el alumnado y es un tema que nos preocupa”, dijo.

Irene López Faugier, de la misma Facultad, añadió que las víctimas tienen múltiples derechos, pero el trato real que se les da a veces no es suficiente para su protección, pues frecuentemente reciben un trato hostil, no empático. “Las autoridades no les dan un acogimiento, sino que minimizan lo que les ocurrió y en ocasiones son criminalizadas, sospechosas e incluso responsables de lo que están padeciendo”.

Subrayó que es necesario que las operadoras jurídicas, no sólo las del Estado, sino también de la sociedad civil, entiendan a las víctimas, su subjetividad, contexto, y la pérdida que representa la violencia ejercida sobre ellas.

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