Reforma electoral para apuntalar lo construido, no erosionarlo

Si hay una nueva reforma electoral en el país, debe ser para apuntalar la senda democrática, y no para erosionar lo construido hasta el día de hoy; esa debe ser la brújula que oriente la reflexión de los actores políticos en las próximas semanas. Además, lo óptimo es que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas, porque se trata de las reglas bajo las cuales van a actuar, señalaron académicos de la UNAM.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), afirmó que la respuesta a este tema debe ser apuntalar las instituciones en clave democrática, con reglas del juego conocidas y respetadas por todos los actores, y que vengan acompañadas por el consenso de las fuerzas políticas; la imparcialidad y objetividad del árbitro siempre será crucial, al igual que la autonomía de las autoridades electorales frente al gobierno, “y al menos en el caso mexicano es por demás necesaria, pertinente y vigente su relevancia, porque no es una cuestión superada”.

En ese sentido, la senda adoptada desde hace décadas es la correcta, “y desde mi punto de vista, si se van a cambiar las reglas, que sea para consolidar esa tendencia y no para tener regresiones en un sentido que sería potencialmente erosionador de la institucionalidad democrática que nos hemos tardado tanto tiempo en construir”.

En la apertura del Seminario Análisis de las Propuestas de Reformas Electorales, organizado por esa entidad universitaria, al dictar la conferencia magistral ¿Reformas sin consensos? La importancia del diálogo y el acuerdo, José Woldenberg, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expuso que el motor de las reformas electorales ha sido siempre la oposición y sus demandas; eso ha ocurrido con las ocho que se han registrado. Esta sería la primera que se hace, desde 1977, para atender las reivindicaciones o demandas del gobierno, en especial del presidente de la República.

Hay que valorar la importancia del consenso en esta materia, recalcó. Por supuesto, el Congreso puede tomar acuerdos o cambiar las leyes con una mayoría simple, o modificar la Constitución con una mayoría calificada, pero en este caso es muy importante que las diferentes fuerzas políticas estén de acuerdo con el marco que va a regular su convivencia y competencia.

En el seminario coordinado por María Marván Laborde, secretaria académica del IIJ, Woldenberg recordó que las últimas cuatro reformas han sido por consenso, lo cual demuestra que se puede alcanzar; sin embargo, tal y como está la propuesta actual, eso será muy difícil.

Sería factible, si logra los votos; pero la oposición ha dicho que “no pasará” porque la ve como una propuesta regresiva, y “a mí me da gusto que no tenga los votos, porque sí me lo parece”. Por ejemplo, para nombrar a los consejeros electorales se propone que todos votemos por 60 candidatos (20 sugeridos por el presidente) que no son políticos y que si quieren ganar deben establecer alianza con las únicas estructuras que sí están implantadas a lo largo y ancho del país: los partidos políticos.

Además, puede suceder que los siete ganadores salgan de los 20 propuestos por el presidente, y “de ahí venimos escapando”. México tuvo en el pasado órganos electorales facciosos, que generaron conflictos sin fin y se provocó que la credibilidad en las elecciones fuera de cero y bajo cero. La actual propuesta “es quizá la peor desde 1986, por facciosa”, opinó.

Asimismo, se pretende que los partidos políticos no cuenten con financiamiento público para actividades ordinarias. “Suena muy bien, su desprestigio es mucho, pero hay que pensarlo de manera más fría. Se optó por un financiamiento público preminente sobre el privado por tres razones: es más transparente; ayuda a equilibrar las condiciones de la competencia, y para que esos institutos políticos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o delincuenciales. “Esos objetivos de 1996 se mantienen vivos”.

Dar financiamiento a los partidos políticos sólo para las elecciones, detalló, es no entender que son instituciones permanentes y que eso nos conviene a todos. “Tal y como está la propuesta, yo diría que no pase. Esa es mi convicción”.

Al hablar de las reformas electorales recordó, entre otros aspectos, que la de 1989-1990 fue una respuesta inmediata a la crisis poselectoral vivida en 1988, luego de las primeras elecciones presidenciales de la etapa moderna de México que fueron realmente competidas, cuando los votos no se computaron de manera transparente y limpia. Esa vez la Comisión Federal Electoral se tiró a la basura y se construyó una nueva instancia, el IFE, que fue obligado a hacer un nuevo padrón electoral. Entonces también se creó el Tribunal Federal Electoral.