Acuerdan nuevos programas de prácticas jurídicas para estudiantes de Derecho

Podrán iniciar su formación profesional de manera temprana. Foto: Juan Antonio López .

La Oficina de la Abogacía General y la Facultad de Derecho (FD) suscribieron las bases para abrir nuevas opciones para que las y los estudiantes de la licenciatura en Derecho puedan iniciar su formación profesional de manera temprana, con el fin de desarrollar habilidades prácticas de su carrera que les permitan llegar mejor preparados al momento de incorporarse a un mercado laboral altamente competitivo.

Se trata de una serie de programas de prácticas jurídicas a través de los cuales podrán ejercer un trabajo profesional dentro del Subsistema Jurídico de la UNAM, como una modalidad de titulación de la licenciatura en Derecho, colaborando en actividades que les permitan adquirir habilidades, conocimientos prácticos y experiencia para obtener ventajas competitivas frente a la actual oferta laboral.

Ante la presencia de Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, el director de la FD, Raúl Contreras Bustamante, y el abogado general, Alfredo Sánchez Castañeda, firmaron las bases de colaboración para que ambas instancias universitarias, de manera directa, sumen esfuerzos en la realización de programas de prácticas jurídicas dirigidos a las y los alumnos con estudios de licenciatura en Derecho.

Estas bases beneficiarán a quienes hayan concluido el plan de estudios y a través de la realización de actividades al interior de las dependencias que integran la Oficina de la Abogacía General. De conformidad con sus atribuciones, podrán brindar asesoría, apoyo técnico, atención y acompañamiento a los integrantes de la comunidad afectada, principalmente por actos de violencia de género y discriminación. Asimismo, podrán asesorar a las entidades académicas y dependencias universitarias en la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que correspondan, entre las que se encuentran las direcciones generales de Asuntos Jurídicos, y de Estudios de Legislación Universitaria, así como la Coordinación de Oficinas Jurídicas y sus instancias.

La iniciativa universitaria surge a raíz de la preocupación de que en México el desempleo y la falta de oportunidades laborales son problemas que afectan de forma severa a la juventud, y uno de los retos a los que se enfrentan quienes recién egresan es encontrar trabajo dentro de un mercado laboral altamente competitivo.

Las personas recién egresadas de la licenciatura no siempre cuentan con suficientes oportunidades para adentrarse profesionalmente en su área de estudios, ya que la escasez de ofertas laborales, aunada a la falta de experiencia, merman sus posibilidades de conseguir un puesto, por lo que muchos de ellos se ven forzados a desempeñarse en otras áreas no relacionadas con su formación académica.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las personas jóvenes –específicamente quienes buscan empleo por primera vez y recién graduadas con poca experiencia– son especialmente propensas al desempleo. Además, corren el riesgo de que sus oportunidades y resultados en el mercado laboral se vean afectadas y deterioradas debido a los efectos de la pandemia.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que en 2017 la tasa de desempleo para los jóvenes egresados de educación superior en México fue de 5.7 por ciento. Además, en comparación con trabajadores que cuentan únicamente con educación media superior, las personas jóvenes con educación superior están más expuestas al riesgo de perder su empleo debido a la falta de experiencia.

El Portal de Estadística Universitaria de la UNAM reportó en 2018 que el 36.71 por ciento de los egresados encuestados de todos los planteles de la Universidad manifestaron no estar trabajando, mientras que el 12.35 por ciento de quienes se encontraban empleados respondieron que la relación entre el área de estudios universitarios y su ocupación era escasa o inexistente.

Ante este panorama, las bases de colaboración suscritas entre la Oficina de la Abogacía General y la Facultad de Derecho adquieren una especial relevancia, toda vez que hoy en día resulta fundamental que el alumnado desde el ámbito universitario adquiera la experiencia y las habilidades profesionales para tener mayores posibilidades de colocarse en el mercado laboral muy restringido.

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