Diez años de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad

En México, sólo cuatro de cada 100 individuos con esa condición llegan al nivel educativo superior

Foto: UNAPDI.

Aún persiste la barrera que impide u obstaculiza el acceso a la educación en condiciones de igualdad a niños y niñas con discapacidad. “Todavía tenemos docentes que no permiten que en sus aulas haya personas con discapacidad en algunos niveles educativos, lo cual frena su desarrollo académico”, consideró Claudia L. Peña Testa, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad (UNAPDI), de la de la Dirección General de Atención a la Comunidad.

Asimismo, mencionó que en México sólo cuatro de cada 100 personas con discapacidad llegan al nivel superior, y esto es porque existen diversas condiciones que les impiden alcanzar ese grado educativo, como el contexto en el que viven, la falta de atención a la salud y de acceso a los servicios públicos, y las carencias económicas, por ejemplo. “El reto para nuestro país es que la totalidad de ellas lleguen a ese nivel de estudios, porque quieren aprender y desarrollarse. El derecho a la educación es la posibilidad de alcanzar otras garantías individuales”.

En la última década, la UNAM avanzó en la inclusión de quienes enfrentan esta condición. “Aunque aún nos falta mucho por hacer, cada vez se suman más áreas a esta tarea, además de la publicación y puesta en marcha en 2022 de los Lineamientos para Fomentar la Inclusión de la Personas con Discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, instrumento vinculante, por lo que todas las áreas estamos comprometidas a generar acciones para que la comunidad universitaria con discapacidad concluya sus estudios”.

Al respecto, Peña Testa dijo que entre los avances de la UNAPDI en esta primera década de existencia resalta el registro de la comunidad universitaria con discapacidad. “En este momento tenemos identificadas a 1,920 personas con alguna incapacidad; este reconocimiento se ha realizado desde 2018, con la asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mediante la aplicación del Cuestionario del Grupo de Washington”.

Dicho instrumento tiene la perspectiva de derechos humanos y permite identificar a personas con altos niveles de necesidades de apoyo.

Otro avance de la UNAPDI, creada en 2013, es establecer enlaces en cada una de las facultades y en los planteles de bachillerato, los cuales constituyen el medio para acercarse y conocer las barreras que enfrenta esta población y que les impiden tener la igualdad de oportunidades que el común de los universitarios.

En ese sentido, “trabajamos de manera colaborativa, nos reunimos con docentes, jefes de carreras, incluso en algunas ocasiones con la familia; también participa la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género o el Departamento Jurídico del plantel, según sea la necesidad del estudiante. Todo ello para garantizar que ejerzan su derecho a la educación”.

Asimismo, indicó que de 2018 a la fecha se han realizado más de 30 cursos con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico en colaboración con seis entidades académicas: las facultades de Estudios Superiores Aragón e Iztacala, Filosofía y Letras, Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, así como la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación.

Estos cursos inciden en la formación docente para la atención del alumnado con discapacidad, y también buscan construir en la comunidad de la UNAM una cultura inclusiva y de igualdad de género, así como de respeto a los derechos humanos.

Además, señaló, se brinda apoyo en la conversión de documentos para hacerlos en formatos accesibles, y en la generación de estrategias de aprendizaje, de modo que tengan las mismas oportunidades de desarrollo académico. En ese sentido trabajamos con la Facultad de Psicología con el fin de dar acompañamiento psicológico a estudiantes con discapacidad que lo solicitan.

Destacó que la discapacidad, desde el modelo social, es el resultado entre la limitación que tiene la persona y la interacción con las barreras que hay en el contexto, mismas que pueden ser actitudinales, estructurales, incluso legales, que impidan su participación en igualdad de oportunidades para su desarrollo.

Lo prioritario para la UNAM es identificar las barreras que pudieran encontrar individuos con discapacidad, erradicarlas y generar mejores condiciones para que ellos participen. “Hay entidades que han hecho un trabajo importante. El objetivo es dar recomendaciones para que paulatinamente se hagan modificaciones que permitan garantizar la movilidad de las personas con discapacidad”.

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