Necesario, defender el financiamiento público a partidos y campañas

El desprestigio del uso de estos recursos no es de ahora, viene de tiempo atrás: Jacqueline Peschard

Foto: Francisco Parra.

Existe una necesidad de defender el financiamiento público a partidos y campañas políticas para recomponer el sistema de fiscalización, y que no haya un desequilibrio en los montos de los topes de gasto de campaña, consideraron los especialistas en materia electoral que participaron en el Seminario Reforma Política-Electoral Riesgos y Oportunidades.

Jacqueline Peschard Mariscal, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), comentó que para la sociedad es ofensivo que se otorgue a partidos políticos la tercera parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que para la sociedad también resulta oneroso. Sin embargo, el desprestigio del financiamiento público que se hace a los partidos políticos no es de ahora, ni de la agenda de Morena: viene de tiempo atrás.

No debemos pensar si se requiere o no financiamiento para los partidos políticos, sino cuánto es lo que se necesita, y ello debe ir aparejado de un análisis sobre el costo de una campaña. “Se supone que eso se ha hecho para identificar la fórmula actual de subvención”.

Uno de los temas que hace que el financiamiento sea una bolsa que parece tan ofensiva para los ciudadanos por los montos que se destinan a los partidos políticos, es que se otorgan recursos federales y de los propios partidos nacionales que se replican en el ámbito local; entonces prácticamente se duplica la bolsa. “Una fórmula fácil de reducir la subvención pública a esas estructuras es algo que ha planteado el INE: eliminar el financiamiento local”, señaló.

Emanuel Rodríguez Domínguez, profesor investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la FCPyS, señaló que el financiamiento y la fiscalización electoral son temas sumamente importantes para la reproducción de buenas prácticas e integridad electorales. “Si no se definen bien las reglas del juego, estamos cayendo también en un caldo de cultivo de malas prácticas electorales”.

En la mesa Financiamiento y Fiscalización Electoral, indicó que el uso de programas sociales con fines electorales es un punto fundamental por considerar. Un gobierno puede estar bien evaluado y generar una política social importante; pero si no existe un buen mecanismo de financiamiento que asegure a la oposición contrarrestar propuestas de política pública, social e ideológica, será difícil garantizar una competencia equitativa.

Emanuel Rodríguez agregó que no percibe “un mundo sin financiamiento público que no garantice en cierta medida un piso parejo, sobre todo cuando los partidos en el gobierno, que se han configurado como predominantes, tienen otro piso de recursos para competir electoralmente”. Uno de los retos también es definir cómo se ejercen esos montos en el marco del financiamiento, por eso los topes de campaña son un punto fundamental.

Javier Aparicio Castillo, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, recalcó la necesidad de defender el financiamiento público a partidos y campañas políticas, algo que desde siempre se ha visto como un desperdicio de recursos en un país con carencias, desigualdades y pobreza.

Dijo que, por un lado, en un mundo donde la sociedad no tiene la información completa y, por el otro, un gobierno con muchos recursos e información, prohibir los gastos de campaña favorecería de manera natural a la clase política en turno. “Si la oposición no tiene forma de transmitir información, lo que tendríamos es una cancha dispareja en favor de los partidos en el gobierno”.

En tanto que Fan Jua Rivas Maldonado, coordinadora operativa de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, resaltó la importancia de contar con un modelo fuerte de fiscalización, pues se trata de la vigilancia y el control necesario para determinar el origen, montos y aplicación de estos recursos; de ahí la relevancia de contar con una autoridad electoral sólida.

Indicó que el proceso de fiscalización del INE es rápido y oportuno, cuyos resultados pueden determinar quién en realidad ocupará un cargo, y eso es también importante.

Jesús René Quiñones Ceballos, coordinador de asesores del INE de Ciudad de México, acotó que disminuir el financiamiento a partidos políticos tendría consecuencias, puesto que el crimen organizado ha subvencionado algunas campañas o a actores relevantes para obtener beneficios de los gobernantes o de los poderes legislativos. “Eso es algo que no nos gusta, pero ocurre, y pareciera que es un secreto a voces”.

Señaló que hoy se cuenta con una fiscalización en tiempo real a través de un sistema integral con reglas y criterios de prorrateo establecidos en la ley.

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