No se debe criminalizar a mujeres que abortan
Ninguna de ellas en el territorio nacional puede ir a la cárcel por habérselo practicado: Leticia Bonifaz, de la Facultad de Derecho
El pasado 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto a nivel federal como respuesta al amparo que presentó la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el que impugnó el sistema del Código Penal Federal (CPF), que criminalizaba a las mujeres, personas gestantes y personal de salud que realizara o auxiliara esta práctica.
Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirma que uno de los puntos más importantes de esta modificación en el CPF es que “por regulación federal ninguna mujer del territorio nacional puede ir a la cárcel por haber practicado un aborto. Por lo que aquellas que fueron juzgadas por realizar esta práctica –con base en dicho Código– ya no deben estar privadas de su libertad”.
Asimismo, la académica refiere que otra cuestión a destacar es que las instituciones federales de salud pública, como los institutos Mexicano del Seguro Social o el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no podrán negarse a prestar servicios de interrupción legal del embarazo con el argumento de que está penalizado; esto ya no servirá de pretexto, pues no se estaría cometiendo un delito. “El hecho de que se despenalice a nivel federal significa que una mujer o una persona con capacidad de gestar podrá decidir hasta las 12 semanas si interrumpe o no su embarazo en función de su libre desarrollo y de lo que deseé para su futuro”, señala.
La marea verde continúa
La despenalización del aborto se da en el contexto del avance de la Marea Verde, que forma parte de uno de los movimientos sociales más importantes en América Latina para garantizar los derechos sexuales, reproductivos y de salud de las mujeres y personas gestantes, explica Nelly Lucero Lara Chávez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y posdoctora por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG).
“Para las mujeres y personas gestantes, este hecho representa un avance en la garantía de sus derechos humanos: ahora tienen la libertad de decidir sobre su cuerpo y así solicitarlo a las instituciones de salud pública federal. Esto modifica la lectura de culpabilización hacia ellas que, en el caso de estar embarazadas, se tendrían que ajustar a llevar todo el desarrollo del embarazo”, indica Lara Chávez.
Sin embargo, la académica menciona que las mujeres deben ser cuidadosas en relación con estos “derechos conquistados”, ya que la decisión de seguir o interrumpir el embarazo tiene que ser legítima e informada y recaer siempre en ellas a fin de evitar que se convierta en una apropiación del patriarcado, es decir, que abortar no sea un mecanismo de los hombres para el control de su salud reproductiva.
Aún falta camino por recorrer, pues sólo 12 entidades de la República lo han eliminado de sus códigos locales
Estados Unidos, el retroceso
En términos geopolíticos significa el avance de México frente a la legislación de otras naciones de América Latina. Nuestro país cada vez está más cerca de garantizar el derecho a decidir, como Colombia y Argentina, que también han realizado cambios en sus leyes con respecto al tema del aborto.
En el contexto inmediato, Estados Unidos parece retroceder en la implementación de leyes que garanticen la libertad de decisión a las mujeres. “Esto, de acuerdo con una mala interpretación de la Suprema Corte, que actualmente tiene una mayoría de integrantes conservadores, quienes decidieron que su regulación debía ser local. Y por supuesto en algunos lugares, sobre todo del centro de dicho país, está prohibido”, explicó Bonifaz.
Por su parte, Lara Chávez agrega que “este fue un retroceso claro en el acceso a los derechos humanos –sobre todo reproductivos– de las mujeres estadunidenses, porque la prohibición no significa que los abortos desaparezcan, pero las condiciones en que se llevan a cabo suelen ya no ser las idóneas para la protección y seguridad de quienes se someten a los procedimientos”.
Redes feministas, espacios de apoyo
Actualmente hay organizaciones feministas y de la sociedad civil que, teniendo conciencia de género, brindan apoyo a mujeres que deciden abortar, acompañándolas en sus procesos, ya que normalmente ellas viven esta práctica en soledad o bajo el estigma de ser señaladas por sus entornos.
“Estas organizaciones ofrecen acompañamiento de carácter psicológico, emocional, material y asesoría jurídica”, agrega Lara Chávez, pues en muchas ocasiones las mujeres no les comunican a los familiares directos o personas cercanas que están en un proceso de embarazo y que lo van a interrumpir, por lo que las redes feministas se convierten en espacios de apoyo “en los que no son juzgadas ni señaladas bajo los parámetros morales del entorno y la religión”.
Dichos espacios de apoyo son fundamentales porque la mayoría de las personas piensan que el procedimiento termina con la práctica del aborto; “sin embargo, lo cierto es que las mujeres que lo enfrentan requieren un acompañamiento posterior para la rearticulación y resignificación de la experiencia vivida”, señala la académica universitaria.
“Los grupos feministas saben que la despenalización del aborto implica desnaturalizar la maternidad para las mujeres y personas gestantes”. Además, se suman otros elementos que de acuerdo con el feminismo son esenciales como el derecho al placer y a una vida sexual y erótica libre de prejuicios para ellas, sostiene Nelly Lucero Lara Chávez.
La especialista en temas de género indica que “la despenalización del aborto no significa que todas las mujeres lo van a hacer, sino que es una opción que les garantiza, de forma gratuita y segura, la posibilidad de tomar una decisión vital para su libre desarrollo como sujetas políticas y ciudadanas que son”.
¿Las instituciones están preparadas?
Después de la despenalización a nivel federal aún no se puede hablar de una garantía para acceder a un aborto seguro en México, ya que, aunque el Código Penal Federal haya cambiado, esto no implica que en todas las entidades federativas esté despenalizado –pues sólo 12 lo han eliminado de sus códigos penales locales–, ni que las instituciones federales encargadas de la salud pública estén acondicionadas para realizar estas intervenciones. En los próximos meses podremos observar cómo estas últimas operarán en función de garantizar la interrupción del embarazo de forma segura.
“No obstante, debemos celebrar que con la decisión de la SCJN México continúa avanzando en defensa de los derechos de las mujeres y su libertad para decidir sobre sus propios cuerpos. Además, el país se ha colocado como uno de los líderes en la llamada ‘marea verde’ en toda América Latina”, concluye Lara Chávez.