Comprende 10 temas urgentes

Propuestas ambientales de académicos al próximo gobierno

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Derecho al medio ambiente, agua, energía, biodiversidad, bosques, ciudades, costas y mares, agricultura, suelos y minería, entre ellos

Patricia López, 11 de junio de 2018

En la UNAM, expertos urgieron a los candidatos a la presidencia de la República a implementar la agenda ambiental 2018, mediante un documento sólido y riguroso que, de manera objetiva y sin cargas ideológicas, ofrece un diagnóstico y propuestas concretas sobre 10 temas urgentes en materia ambiental.

Los integrantes del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), consideran que la agenda es prioritaria e impostergable por la pérdida de ecosistemas y biodiversidad; la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal; los problemas de movilidad, contaminación y vulnerabilidad de las ciudades, y la falta de inversión en energías renovables.

También, por el agotamiento de las pesquerías y de los hidrocarburos convencionales, la destrucción de los manglares, la erosión de los suelos y la pérdida de seguridad alimentaria, la falta de acceso al agua de calidad y porque el deterioro ambiental viola el derecho humano al medio ambiente, entre otros.

Los puntos sugeridos por especialistas en ciencias naturales, sociales y representantes de organizaciones civiles que integran el SUSMAI son: política ambiental, agua, energía, biodiversidad, bosques, ciudades, costas y mares, agricultura y suelos, minería, así como derecho al medio ambiente.

Este esfuerzo académico estuvo coordinado por Leticia Merino Pérez, del IIS, y Alejandro Velázquez Montes, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental.

Argumentos

En materia de política ambiental, el documento sostiene que se debe dar a los problemas socioambientales del país un carácter central en la agenda pública, promoviendo la participación ciudadana informada y la transversalidad efectiva en la gestión de temas y problemas en este ámbito, resumió Adalberto Noyola Robles, del Instituto de Ingeniería (II).

También, como eje de la política pública debe impulsarse la justicia ambiental, es decir, la distribución equitativa de impactos y beneficios ambientales.

Se propone, además, avanzar hacia la gestión sustentable e integral de las aguas subterráneas, en especial de acuíferos sobreexplotados.

Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, planteó democratizar la energía mediante la generación solar distribuida y la eliminación de subsidios regresivos a las tarifas eléctricas. Asimismo, incrementar las energías renovables por lo menos 40 por ciento para 2024 y adoptar programas de eficiencia energética a gran escala.

Consideró fundamental evitar la construcción de nuevas refinerías y plantas de ciclo combinado de gas natural, que serán obsoletas en 20 años, y aumentar gradualmente el impuesto al carbono para combustibles fósiles.

Carlos Muench, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), expuso que debe prohibirse la minería y los grandes desarrollos turísticos en áreas naturales protegidas, así como el uso de insecticidas y otros tóxicos que afectan los polinizadores de cultivos, que vulneran la salud y seguridad alimentaria de la población.

Recomendó fortalecer las políticas de sustentabilidad y conservación en áreas rurales, por medio de zonas dedicadas a la conservación y los paisajes bioculturales.

En materia de bosques, Francisco Cravioto, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, propuso ubicar el manejo forestal comunitario como eje y prioridad para el desarrollo y conservación de las regiones forestales, entre otras cuestiones.

Sobre minería, sugirió decretar una moratoria a las nuevas concesiones mineras, pues ya hay 23 mil en nuestro territorio; restablecer la soberanía nacional y garantizar que sean municipios y comunidades afectadas por la gran minería los que decidan el uso del impuesto minero.

Marisol Aburto, del IIS, habló del tema de costas y mares, sobre el cual el documento pide generar planes de ordenamiento pesquero; crear zonas de regeneración de peces y un sistema nacional de monitoreo de costas y mares con participación de académicos y sociedad civil, por mencionar algunos puntos.

La agenda ambiental 2018 también pugna por un programa de apoyo integral a la pequeña y mediana agricultura, así como una reorientación de los subsidios productivos del campo para detener las prácticas de monopolio de las grandes empresas.