Reordenar la Constitución, sugiere Diego Valadés

Hoy en día, la Constitución ha dejado de ser el referente cotidiano en la vida de las instituciones y de los ciudadanos, y es muy raro encontrar su invocación en el discurso político mexicano. Las referencias a la Carta Magna tendieron a decrecer a partir de los años 90 del siglo pasado de manera progresiva y actualmente son inexistentes. En declaraciones, discursos, tomas de posesión ya no se encuentran referencias a ella, excepto para denostarla, por ejemplo, para decir que está llena de parches, afirmó Diego Valadés Ríos, investigador emérito de la UNAM.

El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) añadió que hoy ese ordenamiento no es legible, está desorganizado y desactualizado de forma permanente; “tenemos una Constitución literalmente virtual”, así que sugirió reordenarla para darle coherencia y simplificar algunos de sus enunciados.

Al hablar de la Constitución en el México Social, en el encuentro organizado por el Seminario Universitario de la Cuestión Social, el exdirector del IIJ, ex procurador general de la República y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la característica central de la Carta Magna de 1917 es su capacidad de reformarse, su enorme elasticidad, su adaptabilidad a las diferentes realidades que ha regido, y por ello “puede ser de vigencia indefinida” si es que se tiene la diligencia e inteligencia para incorporar los nuevos elementos que le den perdurabilidad, agregó el reconocido universitario.

En el Auditorio Jesús Silva Herzog del Posgrado de la Facultad de Economía (FE) rememoró que, en su origen en 1917, fue una constitución normativa: aquello que planteaba era lo que se vivía, había una relación entre la norma y la normalidad, en medio de una gran turbulencia institucional. Estableció la jornada laboral de ocho horas, la libertad para la sindicalización de los trabajadores y el reparto de las tierras, entre otras cuestiones, y eso que establecía era exigible por parte de los gobernados.

En la actualidad, hay quienes hablan de sus 706 reformas; “otros hablamos de 233 (hasta junio del año pasado). Unos nos referimos al número de decretos de reforma constitucional, y otros a las veces que los diferentes artículos han sido modificados. Esta última contabilidad es errónea, porque una misma reforma suele tener impacto en numerosos preceptos constitucionales. Por ejemplo, la que transformó al Distrito Federal en Ciudad de México tocó 52 artículos”.

Los contenidos de las grandes áreas relacionadas con el México social también se han modificado. Si se trata de ese asunto, “la redacción es lacónica, los enunciados son más concisos; pero si se refiere al México político, son extensos, porque está en juego el reparto del poder”. Al no tener ese nivel de detalle, aquel tema ha quedado en la indefensión, cuando debería ser lo contrario, apuntó.

El artículo 123 –junto con el 3º y 27– fue el precepto más avanzado y el de mayor contundencia en cuanto a reflejar las exigencias del México revolucionario. Pero quedaron temas pendientes que se fueron incorporando y que “difícilmente pueden considerarse parches”. Por ejemplo, en 1962 se modificó la edad para trabajar, ya que hasta ese año era constitucional contratar a un niño de 12 años; subió a 14 años y, a partir de 2014, a 15 años.

No puede disociarse el México social del político; este último se requiere para dar viabilidad a todo lo que tiene que ver con el tema social, agregó el jurista en la sesión moderada por Mario Luis Fuentes, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM.

En nuestra Constitución, expuso Valadés Ríos, no hay el concepto de gobierno, no como función (esa sí está), sino como órgano. Si lo hubiera, permitiría que el Congreso tuviera control sobre él, y esto se traduciría en la evaluación de los resultados de las políticas adoptadas.

Por unas nuevas realidades

Al comentar la exposición de Diego Valadés, Rolando Cordera, profesor emérito de la FE y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, preguntó qué debemos hacer con esta Constitución para que sus normas, postulados y filosofía se conviertan en nuevas realidades en materia social.

Visto desde la Carta Magna, “el México social es de casi puros enunciados. Y eso nos lleva a cuestionarnos la organización política del Estado mexicano, que podría ser el vehículo para acercar la norma a la normalidad y avanzar en la materialización de la gran promesa constitucional de 1917: la justicia social”.

Recordó que, según una encuesta del IIJ, no más de 23 por ciento de los mexicanos le da importancia a la Constitución.

Adquiere un sentido de urgencia la cuestión de si la Constitución del 17, con su gran capacidad de adaptabilidad y cambio, puede ser el punto de partida o contexto político institucional a partir del cual inventemos o imaginemos la construcción de un Estado de bienestar social, democrático, constitucional, finalizó Cordera.