Tiene una legislación atípica

En la oscuridad y la explotación, la minería en México

Actualizar la información con fuentes jurídicas para regular la actividad en este sector, así como crear una secretaría del ramo, propone Jorge Witker Velásquez, investigador del IIJ

Derecho minero, el primer texto que actualiza la profundidad de dicho ámbito en México desde 1965, considerado incluso como fuente para el reciente proyecto de reforma a la ley del ramo en los artículos 1, 2 y 10, representa un avance y una aportación de la UNAM; sin embargo, “los grandes temas aún no se tocan”.

Así lo planteó, Jorge Witker Velásquez, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y profesor de Derecho Económico y Comercio Exterior de la Facultad de Derecho (FD), quien destacó que el mérito del trabajo editado por el mismo IIJ, es “actualizar una información que ha estado vedada y colaborar en la enseñanza del derecho minero a juristas y abogados.

“Era imperativo actualizar esta información porque nuestro país es un país de minas; junto con Perú y Colombia somos la región de mayores proyectos de infraestructura y extractismo. Llevamos dos ediciones, la primera fue en 2019, pero cuando surge el tema del litio que forma parte del subsuelo y de la actividad minera, lo actualizamos en su segunda edición con la incorporación del capítulo referente a este elemento.”

La obra ofrece una panorámica de lo que es el derecho minero comparado en donde se revisitan las legislaciones de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y de naciones como Canadá y Australia “donde se compara las grandes omisiones que tiene nuestra legislación minera mexicana”.

Litio

Para el doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, el litio constituye un mineral alcalino estratégico que viene a reemplazar en perspectiva al petróleo.

“La Unión Europea y Estados Unidos constituyen la demanda mayoritaria de este insumo, porque es cabeza de cadenas productivas que tiene que ver ni más ni menos con lo electromóvil, con toda la industria aeroespacial, con los chips y la inteligencia artificial.”

Por ello, subrayó: “la defensa del litio es fundamental. Constituye una reserva esencial la cual tiene que estar controlada, no puede seguir la misma suerte que han tenido el oro, la plata o el cobre, donde ha sido un verdadero despojo”.

El también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias indicó que una de las principales naciones que posee este elemento es China; Australia cuenta con una tecnología avanzada en la exploración y explotación; además del denominado triángulo de Sudamérica compuesto por Argentina, Bolivia, y Chile, países que aportan alrededor de 25 a 30 por ciento de los yacimientos globales de litio.

En México, según el integrante nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, hace algunos años se descubrieron varios yacimientos; la característica del litio mexicano es que está mezclado con arcilla.

“Hay abundancia en estados como Sonora, San Luis Potosí, Baja California, y se estima que en Zacatecas también; no obstante, son simplemente exploraciones previas. Hay que reconocer que quien ha realizado éstas, ha sido el Servicio Geológico Mexicano, el cual depende de la Secretaría de Economía, pero lo más importante es lo que ocurre con las concesiones que ya se entregaron a determinadas empresas en cuanto a la exploración, explotación y beneficio del litio.”

Concesiones

El problema que descubrimos, y este es uno de los aportes de nuestro libro, es que México es la única parte del orbe en donde se entregan concesiones de hectáreas y no de minerales.

“Se han entregado en números superiores a las 24 mil, y por 50 años, estos elementos no tienen nada que ver con el derecho minero comparado, en donde los países que tienen legislaciones se enseña el derecho minero en las carreras de juristas, de abogados, y en donde las concesiones tienen plazos de 10, 12 años, seis, ¡no 50!.”

En otras latitudes se entregan concesiones, continuó, para cobre, plata, zinc, les denominan específicas, pero en nuestro país, se llaman, genéricas. En cualquier parte del mundo se dividen, por ejemplo, únicamente para explorar, y si les va bien se solicita otra para explotar y otra para beneficio final.

“Pero descubrimos que nuestra legislación minera mexicana es absolutamente atípica. En los últimos años se han entregado concesiones por 105 millones de hectáreas, casi la mitad del territorio nacional, y ‘concesiones globales’ es decir, incluye la exploración, la explotación y el beneficio”, remarcó.

Retos

Witker Velásquez quien se desempeñó como árbitro panelista de México en el TLCAN y del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, enfatizó: “Con respeto y un lenguaje absolutamente técnico, están especulando con el territorio nacional; ni siquiera hay una inspección, nadie pregunta: ‘¿oiga lo está explotando o no?’ No se ha hecho ni siquiera eso”.

Esta entrega de territorio a las concesiones, dijo, vulnera los derechos sociales de las comunidades indígenas, campesinas, de productores de milpas, etcétera, porque le da preferencia al titular de la concesión frente a los ancestrales propietarios de la tierra.

Por eso, también tenemos un capítulo dedicado al derecho minero y los derechos humanos; comprende los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la consulta a las comunidades.

Y es que cuando se explota una mina, termina el yacimiento y las empresas se van, no hay a quien reclamarle, porque hay 250 presas alrededor de jales, es decir, los desperdicios de la actividad, que están humeantes y no hay a quien decirle algo.

“Se ha omitido deliberadamente hablar del tema, porque es un asunto que ha causado muchos conflictos socioambientales, porque la minería a cielo abierto está en convenciones internacionales limitándose y en algunos casos prohibiéndose como en Alemania y Hungría; el uso indiscriminado del cianuro para separar las arcillas de la plata, del oro, estos dos elementos que pueden imaginar el impacto ambiental que ocasiona, y el uso indiscriminado del agua.”

Finalmente, Witker Velásquez, mencionó que todo lo anterior hace que la actividad minera sea considerada un “tabú”, aunque ello sucede en toda América Latina, no es privativo de México; entonces, hay todo un contexto de omisiones, por lo que este tema no puede omitirse ni dejar de estar en la cultura colectiva.

Derecho minero contiene 277 páginas, fue editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en la Serie Doctrina Jurídica, número 874. La primera edición fue publicada el 6 de noviembre de 2019, la segunda en enero de 2021.

Sus siete capítulos son: Nociones generales; Contenido del Derecho minero; La concesión minera; Derecho minero comparado (Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Australia, Canadá); El litio; Impacto de la minería en los derechos humanos (DESCA), y Hacia una Secretaría de Minería con sede en Chihuahua.

“Se trata de una obra que invita a la apertura de una línea de investigación institucional en la materia”, dice en la nota introductoria Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ.

En las entrañas del subsuelo en el norte del país, la actividad minera en los pozos de carbón está basada en la informalidad, expuso Jorge Witker Velázquez. “No hay inspección alguna ni vigilancia sobre ellos; algunos pequeños empresarios, simplemente se dedicaron a contratar una mano de obra en condiciones muy injustas y sin observancia alguna de los derechos mínimos”; técnicamente, “ los trabajadores no están preparados, a diferencia de otras zonas, incluso del mismo estado de Coahuila, donde funcionan empresas bien constituidas”.

Lo anterior, dijo el investigador del IIJ, se atribuye a que se trata de sitios que ya fueron explotados en su tiempo y en los que ahora sólo queda un insumo denominado “carbón rojo”, que no cuenta con mercado interno y menos con movilidad internacional.

En dichas minas no se observa un apego a la Ley Federal del Trabajo, porque no hay interés; el aspecto gremial, en contraste, se concentra únicamente en las grandes carboníferas que tienen en el mercado sus productos y que incluso son exportadoras, señaló.

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