Inseguridad y violencia, principal preocupación social en el país

La inseguridad y la violencia siguen siendo la principal preocupación social en nuestra nación. Hoy, es necesario abordar el mayúsculo reto de diseñar un plan progresivo, sostenible y congruente de reconstrucción de la relación entre los poderes político y militar, y la seguridad civil en nuestro país, señalaron especialistas en el Coloquio Internacional La transformación democrática en Disputa ¿Interrupción, consolidación o radicalización?

En la mesa 3, dedicada al tema de Seguridad y militarización: riesgos y alternativas, Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública dada a conocer en septiembre pasado, la inseguridad y la violencia son la principal preocupación social en la nación.

Cuestionó cómo lograr un México más seguro y confiable para todos. “En momentos como este, de violencia y criminalidad, ¿cuál debe ser el papel de las fuerzas armadas?” Es esencial comprender que las tasas de delincuencia no dependen únicamente de la diligencia de las fuerzas armadas, afirmó.

También dependen, en gran medida, de la cooperación de la población local, de la efectividad de los sistemas judiciales, de la capacidad de las instituciones de justicia para investigar delitos e incidir en la disminución de la impunidad, y las medidas preventivas comunitarias.

En el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria recordó que con la convicción de que la violencia engendra más violencia y tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra, por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad.

Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dijo que es necesario abordar el desafío de diseñar un plan progresivo, sostenible y congruente de reconstrucción de la relación entre el poder político, el poder militar y la seguridad civil en nuestro país.

Respecto a la “mezcla” entre las funciones militares y de seguridad pública, el Instituto Catalán Internacional para la Paz describe que naciones latinoamericanas viven un proceso de militarización de la seguridad pública, y en cada una tienen lugar dinámicas y particularidades.

Las ideas de combate al enemigo, la guerra contra las drogas, seguida por la guerra contra el terror, han contribuido a que los países de América Latina establecieran, cada uno a su manera, los límites entre fuerzas armadas y fuerzas de seguridad.

La experta reconoció que no se ha logrado consolidar un modelo de seguridad ciudadana que parta de una perspectiva de garantía de seguridad humana, y que trascienda la mirada de política delictiva. “Es un cuarto de siglo donde se ha discutido la militarización, pero no nos hemos dado a la tarea de analizar qué debemos hacer para contar con otra manera y otra ruta de seguridad pública”.

Actualmente, explicó, se identifica la puesta en marcha de algunas estrategias relacionadas con el enfoque de seguridad comunitaria, como es el viraje que tuvo la nueva estrategia nacional de prevención de adicciones que guarda, por primera vez, un enfoque de las adicciones desde el derecho a la salud y evita la criminalización del consumo.

En la mesa moderada por el escritor y periodista Víctor Ronquillo, César M. Gutiérrez Priego, académico y abogado especialista en derecho militar, mencionó que por primera vez en la historia, es legal que las fuerzas armadas participen como coadyuvantes de la seguridad pública de forma permanente, y lo harán hasta el año 2028.

Hay que entender que la seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado. “Aquí entramos en un problema: hemos pasado de tener secretarías de seguridad pública a secretarías de seguridad ciudadana”, remarcó el también especialista en seguridad nacional.

El problema y la realidad, precisó, es que la inseguridad que se vive en Ciudad de México es diferente a la de otras regiones del país. No se puede buscar la misma proximidad social en la capital de la nación que en una región serrana, donde los grupos criminales tienen gran “capacidad de fuego” y donde 20 camionetas con hombres armados amenazan a los tres policías municipales. No se puede esperar el mismo manejo. Así surge la Guardia Nacional, una policía a nivel federal que cumple varios objetivos, porque “no es lo mismo ir contra alguien que robó un vehículo, que contra un grupo criminal estructurado”, concluyó.