Válido modificar leyes electorales, si los cambios se apegan a estándares constitucionales

México ha vivido distintas alternancias en el Poder Ejecutivo en este siglo y goza del más alto índice de alternancia en la representación política local. Preservar la estabilidad no impide renunciar a la posibilidad de cambiar y mejorar las instituciones ni que los poderes públicos modifiquen el marco legal, siempre y cuando lo hagan dentro de los más altos estándares constitucionales y democráticos, porque así lo exige el pacto social y político establecido en nuestra Carta Magna.

Así lo afirmó Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al inaugurar el Foro “Reflexiones en torno a la Justicia Electoral y la Reforma Electoral 2022-2023” realizado en conjunto con la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.

En el Auditorio Jacinto Pallares de esta entidad universitaria, el magistrado presidente rechazó adelantar juicios sobre la reforma electoral aprobada recientemente en el país, conocida como “plan B”, y que entró en vigor el viernes pasado, pues dijo que aún está en proceso de análisis. Pidió estar atentos a las resoluciones que ese órgano especializado en materia electoral tomará en los próximos días.

Aseveró que, en la reciente democracia en nuestra nación, las autoridades electorales han caminado de la mano con la ciudadanía y las instituciones se han convertido en verdaderos garantes del ejercicio del derecho ciudadano en materia electoral y de la democracia, garantizando que sólo la voluntad ciudadana sea la que designe a gobernantes y representantes. Subrayó que la sala superior del TEPJF ha proveído de certeza jurídica al sistema democrático y el resultado ha sido la estabilidad que todos y todas necesitamos.

Rodríguez Mondragón signó un convenio con el director de la FD de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, para que las dos instituciones colaboren en materia de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura jurídica y realicen actividades conjuntas que enriquezcan la ciencia jurídica.

Como testigos de la firma del convenio estuvieron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como la directora de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, Gabriela Ruvalcaba García.

Previamente Contreras Bustamante indicó que en el ejercicio de la autonomía universitaria, durante dos días se llevarán a cabo diversas conferencias en las que se analizará un problema importante para el país, un momento trascendente para la democracia mexicana: diferentes especialistas darán sus opiniones, críticas y propuestas a la reciente reforma electoral tan controvertida.

“Ha sido señalada como una amenaza que puede hacer retroceder 46 años de transformaciones y construcción de instituciones democráticas. Esta Facultad, con el concurso de muchas instituciones académicas, fundó el Observatorio de los Órganos Constitucionales Autónomos que nos indica que esta reforma electoral denominada ‘plan B’ contiene disposiciones que contravienen a la Constitución y a diversos compromisos de carácter convencional”, sostuvo.

En su oportunidad, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello aseguró que el Foro reivindica a la UNAM y a la FD como un espacio de diálogo, reflexión y acompañamiento crítico en temas fundamentales para la nación.

Aseveró que las modificaciones a seis leyes, conocidas como “plan B”, “destazan al INE” y alertó que también afectan a la justicia electoral y al TEPJF, pues introducen cambios a las facultades y funcionamientos de las dos instituciones y perjudican su estrecha vinculación, derivada del modelo electoral que la propia reforma trastoca.

Córdova Vianello comentó que ya se han interpuesto recursos contra dicha reforma y en los próximos días se presentará una controversia constitucional ante la SCJN. “En el INE tenemos la convicción de que esta reforma es anticonstitucional por donde se le vea; incluso, que representa una constelación de reformas que, muy probablemente, la colocarán como la más impugnada en nuestra historia, por sus inconstitucionalidades”, remarcó.

En tanto, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, explicó que las cuatro reformas electorales previas –1977,1986, 1990 y 1993– han sido importantes para la transición democrática en el país, pues posibilitaron la pluralidad política en la nación para acceder a la representación y que los votos se contaran bien, con imparcialidad y apego a la ley.

La salud democrática, dijo, se sujeta a los cambios del marco normativo electoral y a que las reglas de acceso y representación estén en armonía con los derechos plasmados en la Constitución.